Los alcaldes de diez ciudades europeas, que representan a 13,5 millones de ciudadanos, enviaron una carta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis inmobiliaria que afecta a sus regiones metropolitanas.

El documento, titulado "Carta de los Alcaldes de Vivienda", destaca que la situación actual del mercado inmobiliario está alcanzando niveles críticos, especialmente en las grandes ciudades, donde la escasez de viviendas ha generado una crisis estructural que requiere soluciones urgentes y coordinadas.

En la carta, los alcaldes señalan que la falta de vivienda no sólo afecta a los segmentos más vulnerables, sino que también está provocando la expulsión de las clases medias de los centros urbanos. Este fenómeno se debe en gran medida a la creciente influencia de los grandes fondos de inversión internacionales que, según los firmantes, compran inmuebles en masa, aumentan los precios y transforman las ciudades en espacios inaccesibles para sus propios residentes.

Jaume Collboni, en nombre de Barcelona, destaca en el texto que "la vivienda no puede ser tratada como un producto de lujo ni como un bien especulativo", apelando a las instituciones europeas para que asuman su responsabilidad en este problema. Entre las propuestas concretas, los firmantes abogan por una legislación comunitaria que limite la influencia de los grandes fondos de inversión en el mercado residencial, así como una regulación más estricta del mercado del alquiler para evitar subidas desproporcionadas de precios.

La carta también insiste en la necesidad de armonizar las políticas de vivienda entre los Estados miembros, estableciendo normas comunes que garanticen el derecho a la vivienda como pilar fundamental del bienestar europeo. Los alcaldes piden que la Comisión Europea incorpore la vivienda como eje central en la revisión de sus políticas urbanas y adopte una perspectiva más audaz en la lucha contra la especulación.

La vivienda no es un privilegio, sostienen los alcaldes

Collboni y el resto de firmantes destacan que las ciudades son las más afectadas por las dinámicas especulativas, pero también son los actores mejor posicionados para implementar soluciones innovadoras y sostenibles. Por ello, reclaman un marco más estrecho de cooperación entre las ciudades y las instituciones europeas.

La carta iba dirigida a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, con la esperanza de que estas instituciones den prioridad a la vivienda en su agenda legislativa y adopten medidas concretas para revertir la crisis inmobiliaria. En un contexto en el que aumentan las desigualdades urbanas, los alcaldes creen que la UE tiene la responsabilidad histórica de garantizar que la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho accesible a todos los ciudadanos europeos.

Este movimiento coordinado de las grandes ciudades refleja la creciente presión sobre los gobiernos locales para hacer frente a una crisis global que trasciende las fronteras. Ahora, la respuesta de las instituciones europeas será decisiva para demostrar su compromiso con los derechos sociales y el futuro de las ciudades europeas.

En este contexto, los alcaldes proponen:

Establecer un diálogo directo y estructurado entre las ciudades y la Comisión Europea, especialmente con el nuevo comisario responsable de vivienda, para aprovechar los conocimientos locales sobre el desarrollo y la financiación de viviendas sociales y asequibles.

Acelerar y optimizar la asignación de fondos europeos a proyectos de vivienda, garantizando que las ciudades puedan acceder a estos recursos de manera eficiente para abordar simultáneamente la construcción de nuevas viviendas, la lucha contra el sinhogarismo y la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas existente.

Los alcaldes concluyeron la carta reiterando su disposición a colaborar estrechamente con las instituciones europeas para aplicar una agenda urbana integrada que promueva la cohesión social y el bienestar de las comunidades, reforzando así la legitimidad de las instituciones europeas ante sus ciudadanos.