Aumentar el parque público de vivienda -que, según Sánchez, representa actualmente poco más del 2% del total- para disponer de más casas asequibles es una de las principales medidas anunciadas por el líder del Gobierno español.

La nueva Sociedad Pública de Vivienda, creada a partir de la transformación de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), tutelará este proceso, después de que el Ejecutivo español aprobara a finales de diciembre el traspaso de todas las viviendas propiedad de empresas públicas como Muface.

En materia de incentivos fiscales, el Gobierno de Sánchez ofrecerá ayudas durante los próximos cinco años para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, así como una exención del 100% del IRPF para quienes alquilen una vivienda según el Índice de Precios de Referencia, con independencia de que esté situada en una zona calificada o no como de tensión inmobiliaria.

Para limitar la especulación y el fraude en el sector inmobiliario, el Ejecutivo español propondrá al Congreso un cambio en la fiscalidad de las residencias turísticas, de forma que tributen como actividad económica, al igual que los hoteles, en las zonas donde haya mayor tensión en el acceso a la vivienda o saturación turística.

Estas son las 12 medidas:

Transferir más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Corporación Pública de la Vivienda, con el objetivo de construir viviendas sociales asequibles. Además, 13.000 viviendas propiedad de la Sareb pasarán inmediatamente a manos de la nueva sociedad pública, mientras que otras 17.000 se incorporarán progresivamente.

Dar prioridad a la nueva Sociedad Pública de Vivienda en la adquisición de viviendas y suelo.

Garantizar, por ley, que todas las viviendas construidas por el Estado español sigan siendo indefinidamente de titularidad pública, impidiendo su liberalización. "Todo lo que se construya o rehabilite con dinero público seguirá siendo público, para que no acabe en manos de especuladores o fondos buitre", prometió Pedro Sánchez.

Lanzamiento de un plan estratégico, en el marco del PERTE, que pretende modernizar el sector de la construcción, centrando los esfuerzos en la prefabricación de viviendas y su posterior montaje a pie de obra, lo que implica menos tiempo y menor coste. El Presidente del Gobierno español anunció que este plan se desarrollará en la provincia de Valencia "para contribuir a la reconstrucción del tejido económico [de la región] tras el fenómeno DANA".

Creación de un sistema de garantías públicas que proteja tanto a los propietarios como a los inquilinos en los casos de alquileres asequibles. El sistema empezará a funcionar este año para los propietarios que alquilen sus viviendas a personas de hasta 35 años.

Creación de un nuevo programa para rehabilitar viviendas vacías para alquileres asequibles.

Exención del 100% de Hacienda para los propietarios que alquilen sus viviendas según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estén situadas en zonas declaradas de tensión. Se trata de una propuesta que necesita la 'luz verde' del Congreso de los Diputados.

El Gobierno también propondrá a los diputados que las viviendas turísticas sean consideradas una actividad económica.

Condicionar los beneficios fiscales de las "socimis", sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, a la promoción de viviendas de alquiler asequible.

Limitar la compra de vivienda por ciudadanos extracomunitarios aumentando el tipo impositivo al 100%. Esta medida acompaña al fin de los visados de oro, que serán válidos a partir de abril.

Endurecer la normativa que persigue el fraude en el alquiler vacacional y crear un fondo para que comunidades autónomas y ayuntamientos refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y usos fraudulentos de viviendas.

Un nuevo Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026.